Acto institucional Día
de la Constitución 2016
Buenos días, voy a dedicar mi intervención a los derechos
económicos y sociales que contiene la Constitución y a los ataques que ha
sufrido en los últimos 5 años.
Estos derechos están contenidos desde el título preliminar
que dice “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”.
En el Capítulo Tercero se establece que los poderes públicos promoverán el
progreso social y una equitativa distribución de la renta, los derechos a la
protección de la salud, el acceso a la cultura, medio ambiente adecuado,
vivienda digna, pensiones, derecho y deber de trabajar, entre otros. En el
Título VII se indica que la riqueza del país, en cualquier forma y de cualquier
titularidad, está subordinada al interés general.
La reforma introducida en el artículo 135, en setiembre de
2011, destrozó los fundamentos sociales de la Consitución. Con este nuevo
artículo se incluyeron las obligaciones de las administraciones públicas de
adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria establecidos
por la UE. Y se añadió que los créditos para satisfacer los intereses y el
capital de la deuda pública tendrán prioridad absoluta. Este cambio supuso
nueva pérdida de soberanía frente a las directrices neoliberales y representó
un cambio de orientación que dejó absolutamente devaluado el estado social. El
PP ha gobernado con mayoría absoluta 4 de los 5 años que han pasado desde
entonces.
¿Cómo han evolucionado estos derechos sociales y políticos y
sus garantías en estos últimos años? La relación de contrarreformas es tal que
haría muy largo el discurso. Seré sintética y no exhaustiva:
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Se
ha vulnerado el derecho a la salud y acabado con la cobertura sanitaria
universal, con la retirada de tarjeta sanitaria a inmigrantes.
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Se
ha puesto en riesgo el derecho a la educación con la aprobación de la LOMCE
que refuerza y consolida las
desiguadlades entre el alumnado, los discrimina y premia a los más favorecidos.
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Más
del 40% de las personas en desempleo no reciben ninguna prestación. Se vulnera así el Artículo 41 que se refiere al régimen
público de Seguridad Social, que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de
desempleo.
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Se
han reformado las pensiones endureciendo las condiciones para el acceso a las
contributivas y se está agotando la hucha de las pensiones, poniendo el
riesgo el sistema.
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Se
ha realizado una reforma laboral que, lejos de garantizar el derecho al
trabajo, ha contribuido a la precarización del empleo y abaratado el despido.
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Se
ha retrocedido en materia penal, con la introducción de la cadena perpetua
revisable, situándonos en materia legislativa en el siglo XIX y pervirtiendo el
mandato del artículo 25 que obliga a que las penas privativas de libertad
tengan como finalidad la reeducación y reinserción social del penado.
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Se
ha aprobado una normativa que limita derechos políticos fundamentales, “la ley
de seguridad ciudadana” que restringe la libertad de reunión y manifestación,
criminaliza la protesta y ha facilitado la represión de la contestación social
que han tenido el gobierno del Sr Rajoy en estos años.
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Se
ha legalizado las devoluciones en caliente en las frontera española, una
vulneración del derecho al asilo, reconocido a nivel internacional y en el
artículo 13 de nuestra Constitución. Mientras asistimos conmovidos al drama de
los refugiados en el mediterráneo, expulsamos a las personas en las fronteras
de Ceuta y Melilla con actuaciones totalmente execrables que han costado vidas
y suponen una vergüenza humanitaria.
Poco se ha hecho por garantizar el derecho a la vivienda, y
se permite que los bancos expulsen a la gente de su hogar, pero se han hecho múltiples reformas con
claros beneficiarios: las élites financieras nacionales e internacionales,
causantes en gran medida de la crisis y enriquecidas en ella.
Hemos contemplado la entronización del nuevo rey, por mor de
la discriminación de sexo constitucional que prima al varón sobre la mujer en
el acceso al trono, y por obra de la restauración monárquica tras la dictadura
que se recogió en la CE del 1978. El modelo de jefatura de estado monárquico,
frente al republicano, fue impuesto en la transición y nunca ha sido aprobado
en referéndum por el pueblo español, en quien reside la soberanía según la
carta magna.
Atravesamos uno de los momentos más graves de nuestra
reciente historia. A la dificilísima situación por la que pasan casi cinco
millones de personas sumidas en el paro y la exclusión por las políticas
neoliberales, al robo sistemático, al desmantelamiento y reparto privado de lo
público, hay que sumar la ofensiva anticonstitucional de un gobierno que cada
día demuestra su animadversión por los derechos y libertades básicas.
“Veo la democracia como una rosa seca”. Nuestra constitución es como esa rosa seca que
describe el poeta Luis García Montero en una de sus columnas: “No está desde
luego en un buen momento, pero arrebatarle toda la belleza no es una salida”.
Dejarla sin contenido social la aleja del pueblo y de sus intereses.
Parapetarse con ella frente a quienes disienten es un ejercicio de
autoritarismo y ceguera política. Ojalá el parlamento imponga frenos a tal
torpeza y vulneración de derechos y libertades, ahora que el gobierno ya no
tiene mayoría absoluta.
Albacete, 5 de diciembre de 2017
Victoria
Delicado Useros – Concejala Portavoz de Ganemos