Viernes 18 de febrero de 2011
¿Cómo afecta a la mayoría de las mujeres el sistema público de pensiones actual y su reforma?
La “pinza patriarcal” es el término que Celia Amorós acuña para explicar que “las mujeres van al mercado de trabajo a la pata coja condicionadas por las necesidades de la familia y, a su vez, su capacidad de negociación en la familia se ve afectada por la precariedad de su trabajo”. Así lo refleja en un artículo en el que presenta el libro “Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera” de Lina Gálvez y Juan Torres, editado recientemente (El País, 18-09-10).
En las últimas semanas hemos vivido una dura polémica sobre la oportunidad, la conveniencia, la necesidad y la eficacia de la reforma del sistema de pensiones que el gobierno proponía, en continuidad con las reformas económicas de corte neoliberal emprendidas hace unos meses. La reforma de las pensiones se ha plasmado en un pacto con los agentes sociales (principales organizaciones sindicales y empresariales) y su propuesta normativa se ha trasladado para su debate y aprobación en sede parlamentaria.
Las razones fundamentales por las que Izquierda Unida ha planteado su firme oposición a esta reforma de las pensiones se pueden resumir en tres: supone una pérdida de derechos (se endurecen las condiciones para acceder a una pensión al incrementarse la edad legal y el número de años para el cómputo de la pensión), conlleva un recorte de las transferencias que percibirán los trabajadores en su etapa de jubilación (estimadas en 20% menos, cuando el nuevo sistema de cálculo esté vigente) y dificulta el acceso a este derecho a colectivos con dificultades para completar una larga vida laboral, en particular los jóvenes -con altas tasas de desempleo, precariedad y una tardía inserción laboral- y para las mujeres, también afectadas por una baja tasa de actividad, el desempleo, la economía sumergida y la precariedad (temporalidad, eventualidad, intermitencia, etc.). No son desdeñables otros argumentos que vinculan la reforma propuesta por el gobierno de Rodríguez Zapatero a los intereses bancarios por promover los sistemas privados de pensiones, el obstáculo que introduce para la renovación de plantillas tan necesario en algunos sectores, así como la oportunidad de otras alternativas que contribuyeran a la sostenibilidad del sistema y a su mayor equidad, que no han entrado en el debate de la reforma.
Voy a detenerme, no obstante, en un hilo argumental que fundamenta su oposición a la reforma en la negativa repercusión que ésta tiene en una configuración más igualitaria del disfrute del derecho a una pensión pública digna, para hombres y mujeres, al alcanzar la jubilación o al final de su edad laboral.
El actual sistema de pensiones contribuye a perpetuar las desigualdades económicas entre hombres y mujeres tanto durante la vida laboral como en la época de la jubilación y la reforma no hace sino confirmar (incrementar), para la mayoría de las mujeres, esa tendencia. Aunque hay cada vez más mujeres que completan una trayectoria laboral larga en un empleo de calidad, con salarios medios y cotizaciones que les permitirán acceder a una pensión digna, actualmente, y en las próximas décadas, la mayoría de las mujeres en edad laboral y la mayoría de las pensionistas no responderá a ese perfil.
El sistema de pensiones de la Seguridad Social, en su configuración actual, ha eliminado los sesgos de género explícitos y hoy las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, siempre que tengan exactamente el mismo comportamiento en el mercado laboral. Así lo afirma María Pazos (coordinadora de una investigación sobre Fiscalidad y Género) en una publicación reciente sobre pensiones en España. Y ahí está el problema: que hombres y mujeres tiene un comportamiento desigual en su acceso y permanencia en el empleo asalariado. Esta desigual composición de la vida laboral tiene que ver con la desigual participación de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y cuidado de otros por la tradicional división sexual del trabajo. Las mujeres acceden al empleo retribuido -o a la vida profesional en general- marcadas y condicionadas, en la mayoría de los casos, por las necesidades de cuidado de su familia, como apuntaba Celia Amorós en la cita que inicia este texto. No hay signos de que, en el futuro inmediato, se alcancen unos altos niveles de corresponsabilidad. Esta tipología de historia laboral femenina repercute, y lo seguirá haciendo, en una menor duración de los períodos de cotización, mayor presencia en la economía sumergida, más precariedad en el empleo, mayor absentismo por crianza o cuidado de otros, cotizaciones más bajas e intermitentes, etc.
Puesto que no es previsible que esto cambie, la desigualdad que se genera se evidencia tanto en el sistema actual como en el que quedará una vez confirmada la reforma que propone incrementar la edad legal y el periodo de cómputo para acceder a la pensión máxima. Actualmente, más de la mitad de las mujeres pensionistas lo son de una pensión de viudedad o no contributiva. La pensión no contributiva es de 339,70 euros mensuales (bajo el umbral de la pobreza de 401 €/mes) y el promedio de las pensiones de viudedad unos 580€. El resto de las jubiladas disfruta de una pensión contributiva que, en promedio es 617€/mes en 2010), muy parecida a la pensión mínima (577€/mes) y un 39% más baja que la pensión media de los varones. Para éstos la situación en el sistema de pensiones es claramente favorable: casi un 95% de los pensionistas lo son de una pensión de jubilación y, aunque muchos reciben la pensión mínima, en promedio su pensión supera los 977€ al mes. Es decir, ni por el tipo de pensión ni por la cuantía recibida se equipara el poder adquisitivo de hombres y mujeres en esta etapa de su vida, que puede calificarse de “estado de necesidad”. A la desigualdad de poder económico de las mujeres en la vida activa (menores salarios, mayor desempleo, mayor precariedad, menos empleo decente) se suma una desigualdad en el derecho a una pensión mínima que garantice la subsistencia y una buena calidad de vida en su ancianidad.
Pazos denuncia que el actual sistema de cómputo y los mecanismos que establecen los valores y el acceso a las pensiones de viudedad y no contributivas repercute en un empobrecimiento de las mujeres mayores. El 82,5% de los receptores de pensiones no contributivas y el 96% de los receptores de pensiones de viudedad son mujeres. Y, en muchos casos, la expectativa para la mayoría de mujeres en edad laboral, es acceder a una pensión no contributiva o a una pensión mínima pues no han cotizado el periodo suficiente para tener derecho a una pensión propia o lo han hecho por sueldos tan bajos que sólo accederán a la pensión mínima. Esta pobre expectativa desincentiva su permanencia en el mercado laboral, o las alienta a mantenerse en la economía sumergida con la consiguiente pérdida de riqueza para toda la comunidad, y para la propias mujeres que se ven impulsadas a permanecer en situación irregular.
Con la reforma planteada se acentúan estos mecanismos de desigualdad de género: el incremento de la contributividad tendrá un reflejo claro en la disminución relativa de las pensiones de las mujeres, en su empobrecimiento relativo y su mayor dependencia económica. Al incrementar el tiempo cotizado para que la pensión alcance el 100% de la base reguladora (de los 35 a los 38,5 años) muchas mujeres se quedarán por debajo pues su vida laboral es más corta. Al ampliar el periodo sobre cuyas cotizaciones se calcula la pensión, las pensiones de las mujeres disminuirán pues muchas habrán tenido huecos de cotización relacionados con la crianza o los cuidados.
Las medidas incluidas por los sindicatos para computar hasta un máximo de dos años según los periodos de excedencia disfrutados para la crianza de hijos e hijas suponen un tímido retoque ante las negativas repercusiones que la reforma propuesta por el gobierno auguraba a muchos colectivos con dificultades para completar una larga vida laboral con empleo de calidad. Se ha abierto una vía para que el efecto empobrecedor se modere, pero no se neutraliza.
Estas desigualdades son obvias para los expertos que analicen el sistema de pensiones desagregando sus efectos diferenciales sobre hombres y mujeres. Con la configuración actual y con la reforma propuesta, en el sistema público de pensiones se contravienen los principios de equidad de género y de eficiencia económica, pues se incrementa la desigualdad económica de hombres y mujeres en su etapa de jubilación y se refuerza el mantenimiento de muchas mujeres en la economía sumergida o en el trabajo doméstico ante las pobres expectativas de acceso a un pensión contributiva digna, como derecho generado por la inserción continuada en el empleo de calidad.
La solución para ir construyendo una mayor equidad entre hombres y mujeres pasa por la corresponsabilidad. Pasa por construir una sociedad, unos sistemas de protección social y una organización de la vida laboral que realmente piensen en que hombres y mujeres seamos personas sustentadoras y cuidadoras en corresponsabilidad. Pasa por coeducar a los jóvenes de ambos sexos para acabar con la división de roles y de responsabilidades diferenciales. Pasa por compartir trabajo productivo y empleo remunerado con el trabajo doméstico y el cuidado de los allegados dependientes (en la edad infantil, la enfermedad, la discapacidad o la vejez). Todo ello para poder realmente compartir riqueza y vida autónoma y de calidad.
Mª Victoria Delicado Useros
Candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de Albacete
