Han crecido la precariedad y la
desigualdad social, promovamos la esperanza y la alternativa
Victoria Delicado – Portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayto de
Albacete
El año 2014 ha sido el año del
crecimiento de la desigualdad y el avance de la precariedad junto a un
retroceso democrático auspiciado por el intento constante de los gobernantes
del PP de acallar la protesta ciudadana, criminalizar la rebeldía e ignorar las
demandas de mayor justicia social y económica.
Diversos informes señalan a
España como uno de los países más desiguales de Europa teniendo en cuenta las
diferencias salariales (informes de la OIT y la OCDE) y uno de los países en que más ha crecido la
pobreza y la exclusión. Éste ha sido el año en que la alarma por el alcance de
la pobreza infantil ha ocupado los titulares informativos tras los informes de
UNICEF y otros organismos públicos y privados.
CLM es la 2ª comunidad más desigual, con tasa de pobreza superior al
30%.
Junto al desempleo y la
desprotección social de millones de personas en España, la precariedad laboral
se consolida como la fórmula de creación del escaso empleo o en la que se
transforma el existente y que se revela como una nueva causa de pobreza, la de
los trabajadores-as en precario. La precariedad se concreta en los bajos
salarios, la temporalidad del empleo y su parcialidad (contratos a tiempo
parcial, de días y hasta de horas). Y esta precariedad comporta diversas
consecuencias: bajo consumo, inseguridad y más riesgos laborales, pobreza
energética, imposibilidad de establecer proyectos de vida a medio plazo,
insatisfacción de necesidades básicas (vivienda, alimentación, agua, energía,
libros de texto, medicamentos), baja calidad de vida, insatisfacción, infelicidad,
en suma, de la población de las clases trabajadoras.
Esta situación no es un designio
del azar, ni siquiera la consecuencia inevitable de la crisis económica que
venimos arrastrando desde hace siete años. Es consecuencia de las políticas que
se han desarrollado por los gobiernos en los diferentes ámbitos, se ha optado
por políticas de austeridad, recortes del gasto social y de los derechos
ciudadanos con la intención de que sean las clases populares quienes sean los
paganos de los desmanes de las élites económicas y financieras a las que están
subordinados los políticos del PP y los defensores del neoliberalismo, quienes vienen fracasando estrepitosamente
con estas recetas económicas. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios
en España en los últimos años alcanza un promedio del 7,6%, mientras las rentas
del capital no han dejado de crecer y aumentar su peso relativo en el PIB. No
hay razones para el optimismo de los gobernantes del PP sobre la marcha de la
economía: hay una leve recuperación, muy desigual que beneficia a una minoría,
condena a la pobreza a cerca de un tercio de la población y sigue lastrando el
futuro de las clases trabajadoras, clases medias y pequeñas empresas.
La realidad económica y social de
nuestra ciudad no escapa a este panorama general, más bien somos un ejemplo de
todo ello como demuestran los datos que tenemos de desempleo, temporalidad,
baja creación de empleo, precariedad laboral, índices de pobreza y exclusión
social, entre otros. A la par, vivimos el deterioro de los servicios públicos
(educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, etc.) y echamos en falta
verdaderas medidas de protección social frente al desempleo de larga duración
sin prestaciones, frente a las familias sin vivienda porque no pueden pagar el
alquiler o la hipoteca y son desahuciadas o están en riesgo, o frente a quienes
carecen de tarjeta sanitaria, beca educativa, recursos para libros de texto o
para alimentos básicos o para pagar el recibo del agua. Esta situación de
población que malvive en precario se ha extendido en 2014 y representa el eje
de nuestras preocupaciones. Por ello hemos propuesto iniciativas a lo largo del
año sobre empleo, comedores escolares, escuelas de verano, política de vivienda
con alquiler social, iniciativas para desempleados jóvenes y mayores de 45
años, ayudas sociales a los más necesitados, bonificaciones y rebajas de muchos
servicios municipales para hacerlos accesibles a todos-as. Como señala Carlos
Berzosa, Catedrático de Economía “lo más negativo que se ha desarrollado es el
daño que se ha infligido a los más vulnerables y a las clases medias”.
En algunas de las propuestas que
IU ha planteado a lo largo del mandato, los tribunales nos han dado la razón en
sentencias de 2014: parcialmente, en el caso de la reforma de la ordenanza de
convivencia que ha obligado a rectificar algunos términos de la regulación y
sanción a quienes practiquen botellón y, totalmente, en el caso de la
improcedente privatización del Laboratorio Municipal como parte del Plan de
Ajuste con una ausencia de procedimiento legal por parte del PP.
Este pasado año, lamentablemente,
hemos sido testigos de notables fracasos del equipo de gobierno municipal, en
algunos casos, han tenido que rectificar decisiones con falta de fundamento
(renuncia al centro deportivo privado en el Pº de la Cuba, renuncia a la puesta
en marcha del centro de emergencias) y en otros casos se ha constatando la
gestión ineficaz del equipo de gobierno en medidas fracasadas como su opción
público privada de las escuelas de verano, la falta de ocupación de gran parte
de la ampliación de la zona azul, la escasa ejecución del cheque escolar (23%
de lo presupuestado) o la bajada de usuarios de la línea de autobuses para el
transporte público de viajeros. Puede decirse que el PP ha fracasado en las
medidas de corte privatizador que ha impulsado.
Ha sido 2014 el año de la entrada
en vigor de la Reforma de la Admon local que tantas incertidumbres en la
provisión de los servicios públicos genera y tan pocas soluciones aporta: no se
atiende el problema de la insuficiente financiación municipal, sino que se
apuesta por el centralismo, la privatización de servicios y se resta autonomía
local alejando a los ciudadanos de las instituciones.
El equipo de Bayod también ha
sufrido varapalo en los tribunales de lo social por múltiples sentencias por
despidos improcedentes que el PP ha realizado como son las sentencias sobre los
técnicos del PCAS, un despido en el centro médico, el del anterior director del
Museo de la cuchillería, sentencias que obligan a rectificar la supresión de
complementos salariales (Gerencia de urbanismo) o nombramientos de Directores
de servicios por inadecuados procedimientos de libre designación.
Tampoco ha dado frutos la
creación de empleo a partir del apoyo a emprendedores o a la iniciativa
privada, valgan como ejemplos la falta de implicación de las grandes empresas
en la contratación de jóvenes en formación prevista en las medidas de empleo
2014, o la volatilidad de los autónomos y sus negocios.
Otros errores de gestión
importantes se han visualizado en el Plan Urbanitas, las Medidas extraordinarias
de empleo 2014 o en la constatación del impacto de género negativo del Dipualba
empleo. Mientras la situación de pobreza y de desigualdad social se incrementa
en los barrios la Estrella y la Milagrosa, el PP aprueba unilateralmente la
construcción de una pasarela ciclista valorada inicialmente en 1,2 millones de
Euros con cargo al Programa URBANITAS. Aunque finalmente la adjudicación de la
obra será previsiblemente bastante menor (en torno a 500 mil euros menos) nos
parece un despropósito y alarmante construir con Fondos de exclusión social una
pasarela que no pasa por los barrios ni tampoco redunda en la inclusión de la
población beneficiaria. En 2014 finalizaban importantes proyectos sociales como
el Finde y Pebem, vinculados al programa Urbanitas y sobre los que IU defendió
su continuidad. El equipo de gobierno
se comprometió a suplir tales proyectos con cargo a presupuestos municipales.
Los elementos positivos en la
gestión municipal son escasos. Han tenido acuerdo de los tres grupos el
cumplimiento del pacto contra la pobreza (para incrementar progresivamente los
fondos destinados a Cooperación para el desarrollo), la ordenanza de terrazas, aplicación convenio colectivo municipal
a la Universidad Popular y las alegaciones al Plan de cuenca hidrológica del
Júcar.
Obstáculos y negación de la
participación ciudadana, autoritarismo y falta de diálogo con la ciudadanía y
sus representantes jalonan, una año más, la acción de gobierno del PP en Ab: no se tramita el
acuerdo del Consejo de la Mujer sobre la normativa de aborto y por la defensa
de la libertad de decisión de las mujeres, no se acepta el debate n comisión
informativa de la propuesta de la FAVA sobre mejoras en la Feria, se aprueba el
Plan de Movilidad como mero trámite para poder acceder a subvenciones estatales
de transporte peo no se pacta con los agentes de la Mesa de la movilidad, no se
convoca al Consejo Social y de Sostenibilidad en más de medio año, no se pactan
con los afectados las modificaciones a las medidas del Urbanitas (pasarela ciclista,
por ej.), se impone al Consejo de la Discapacidad una visión triunfalista nada
acorde con la realidad de los recortes y abandonos del sector por parte del la
JCCM, no se negocia con los sindicatos el capítulo 1 del presupuestos de 2015 y
se imponen las amortizaciones de plazas que el equipo de gobierno considera, no
se atiende a muchos vecinos y vecinas que viene a exponer sus quejas al pleno
sobre urbanismos, inspección de edificios, necesidades educativas, recursos en
las pedanías, etc.
La falta de liderazgo y de
iniciativa política del equipo de gobierno. Las ausencias de la alcaldesa y la
falta de iniciativas de su equipo.
Ha sido un año de importantes
movilizaciones sociales en Ab: marchas de la dignidad, rechazo a la ley mordaza
y la educativa del ministro Wert, contra la reforma del aborto, por el derecho
a la vivienda y contra los desahucios, por otra política energética y frente a
ERES tan importantes como los de ADVEO, los despedidos en los aparcamientos de
LUBASA y en la cafetería de la estación de autobuses, la lucha de las
limpiadoras de la junta (en huelga por impagos de sus empresas), en defensa de
la sanidad pública y por la reclamación de una referéndum sobre el modelo de
estado y reivindicación de la república, entre otras.
A la contestación social que se
está produciendo en los últimos años, el gobierno central ha respondido
aprobando en solitario la llamada “ley mordaza” para criminalizar la protesta
ciudadana, impedirla y castigarla duramente, si se produce. Esta ley -y las
actuaciones represivas que la preceden y acompañan- son intentos de imponer una
suerte de “coraza protectora” frente a la indignación y la lucha de aquellos a
los que atropellan sus derechos y les roban sus expectativas de vida digna, a
quienes no se resignan a esa suerte “marcada” por las élites que nos gobiernan.
Ha sido 2014 también el año de la
culminación de las diversas causas por los casos de corrupción política que
jalonan nuestros territorios y en los que se muestra la connivencia entre
ciertos políticos y agentes económicos (corruptos y corruptores) para
apropiarse de dinero público, gestionar ilegalmente los recursos bancarios de
ahorradores y dilapidar, en suma, los bienes ajenos en beneficio de sus propias
cuentas bancarias, muchas de ellas depositadas en paraísos fiscales. No hay
corrupción en un solo partido, pero el PP está acusado de montar una trama para
financiarse ilegalmente y otro políticos gobernantes en las últimas décadas son
los acusados, encausados y/o encarcelados en los procesos que se tramitan en
Madrid, Valencia, Mallorca, Cataluña, Andalucía, etc.
En Albacete no tenemos ningún
proceso de este alcance pero hemos conocido la falta de sensibilidad y de
ejemplaridad del equipo de gobierno en la promoción por libre designación de
una funcionaria imputada por el caso Guateque, más lo que corresponda por la
campaña de Cospedal de 2007 financiada ilegalmente por el PP. Se ha ultimado
también la tramitación judicial del caso por la nefasta gestión de la CCM, con
un proceso con fianzas millonarias a Hernández Moltó y otros dirigentes, en la
época de gobierno socialista en la JCCM.
Ha sido, en buena medida, la
corrupción que ha tocado a la familia real de Juan Carlos 1º, junto a la falta
de ejemplaridad del propio monarca anterior, causa de la abdicación del rey a
mitad de año y desencadenante del establecimiento de la sucesión exprés en el
seno de la monarquía, legalmente establecida, pero no sancionada
democráticamente por el pueblo soberano y por tanto sujeta a la duda de
legitimidad democrática. En estas condiciones hemos estrenado monarca (rey y
reina) y ya tenemos cuatro, sin otro mérito que la herencia de sangre y el
cumplimiento de la voluntad política del dictador que restauró la monarquía en
la figura de JC1º.
Las prioridades de IU. Para 2015 el Grupo Municipal de IU seguirá defendiendo en este
nuevo año políticas municipales más justas e inclusivas, pensadas para la
mayoría social y promoviendo la participación e implicación de los vecinos-as
en la vida municipal.
Retomaremos con más énfasis la
presencia en los barrios y pedanías para conocer directamente a través de los
vecinos los problemas, las demandas y ofrecerles
la oportunidad de que estos puedan canalizar sus quejas y reivindicaciones a
través de nuestro grupo. Elevaremos propuestas de los distintos colectivos,
mareas o ciudadanos en los distintos espacios de participación, consultivos y
ejecutivos en lo que estamos representados. Seguiremos defendiendo la
participación de vecinos y colectivos en pleno y que puedan trasladar sus
impresiones sin que tengan que esperar varios meses como ahora.
Creemos que este 2015, un año
triplemente electoral, demandará lo mejor de nosotros y nuestro compromiso con
la ciudadanía estará presente. Centraremos todos nuestros esfuerzos para
cumplir con nuestros compromisos de defender los servicios públicos, una
política fiscal progresiva y justa, el acceso y las bonificaciones para las
familias que lo necesiten y ampliar la cobertura de otros servicios.
Paralelamente trabajaremos para confluir con otras fuerzas sociales y políticas
en aras a generar una nueva mayoría social, ciudadana y de izquierdas para
desalojar a Bayod y al PP del gobierno, recuperar la ilusión y la confianza de
los ciudadanos en los representantes municipales y tomar decisiones a favor de
la mayoría social, pensando en los más vulnerables, promoviendo la igualdad,
fortaleciendo los servicios públicos y a través de una gestión transparente,
democrática y participativa.
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