Con motivo de la próxima
celebración del 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora que, con
el paso de los años, se ha convertido en fecha reivindicativa de la igualdad
entre hombres y mujeres y de denuncia de las discriminaciones y desigualdades
de género que aún persisten en nuestra sociedad, conviene recordar la persistencia
de arraigadas manifestaciones de desigualdad de género en los ámbitos laboral y
social, así como la necesidad de afianzar los avances logrados y de seguir
conquistando cotas de igualdad real.
A pesar de los avances
conseguidos en los últimos años, (fruto del trabajo del movimiento sindical,
feminista y de la acción política, en defensa de derechos, oportunidades y mejoras
laborales), no podemos ignorar que la crisis económica y las políticas de
ajustes, recortes de gasto público y merma de derechos y libertades, están
poniendo en riesgo muchas de las conquistas conseguidas y de las mejoras
sociales logradas, por ejemplo en aumento del empleo femenino, formación,
protección social y conciliación, entre otras.
La extensión de derechos,
ha permitido progresos legislativos como la Ley Orgánica para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley de Dependencia o, más recientemente, la integración
de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Pero
las contrarreformas legislativas de los últimos dos años hacen peligrar tales
derechos. Por ejemplo, la reforma laboral, la reforma de las pensiones y los
recortes presupuestarios en Dependencia golpean de manera frontal los avances
en el reconocimiento del trabajo de cuidado familiar a personas dependientes y
de los derechos subjetivos a la atención cuando se está en situación de
dependencia, disminuyen el poder adquisitivo y la autonomía económica de las
mujeres, incrementan la precariedad y el desempleo femenino y, limitan las
posibilidades de promover la igualdad en los centros de trabajo.
El pasado año, con motivo
del centenario de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Europeo
elaboró una lista con “Las 100 desigualdades de género que persisten” .Los
indicadores se centraban fundamentalmente en el ámbito laboral, pero sin
olvidar el resto de las esferas sociales. Se constataron desigualdades en variables
laborales y sociales de género como actividad, empleo, paro, temporalidad,
contratación, usos diferenciales del tiempo, salarios, renta, violencia de
género, cuidados, acoso sexual, acoso por razón de sexo, brecha de género,
participación política y social, corresponsabilidad, segregación laboral y
académica, estereotipos sexistas, brecha digital, techo de cristal... Valgan
como ejemplos los siguientes indicadores en población española del año 2012:
- La tasa de actividad en
la población de 16 y más años (población en edad laboral que busca o tiene
empleo remunerado) presenta una brecha de género de más de 14 puntos: es el
82,9% en varones y el 67,3% en mujeres.
- La tasa de empleo de las
mujeres es 11,6 puntos porcentuales inferior a la de los hombres.
- La tasa de paro es
ligeramente superior en mujeres que en varones y aún sería mayor la diferencia
si las mujeres no renunciaran a la actividad laboral por motivo del cuidado
familiar y del hogar. Según la última EPA (enero 2013) el desempleo es del 26%,
con una distribución por género de un 25,5% en hombres y un 26,5% en mujeres.
- Las mujeres padecen mayor
precariedad en el trabajo, son el triple que los varones en el empleo a tiempo parcial,
tienen menos contratos indefinidos y más
temporales y una brecha salarial de casi 22 puntos. El salario medio de las
mujeres es un 78% del de los varones o, lo que es lo mismo, el salario de las
mujeres debería crecer un 28% para equipararse al de los hombres.
- Persiste la segregación
horizontal y vertical de las mujeres, hay una escasa presencia de mujeres en
determinados sectores de actividad (ocupaciones masculinizadas) y una mínima
presencia en puestos de dirección, tanto en los ámbitos públicos y privados.
Son muchas más las manifestaciones
de desigualdad de género en los ámbitos laboral y social. La desigualdad tiene
un impacto importante en las vidas y condiciones de trabajo de las mujeres, en
su autonomía, en sus oportunidades. Son evidencias de la vulneración de los
derechos de las mujeres. Estos indicadores están en relación con el
agravamiento de las condiciones de vida y trabajo consecuencia de la crisis económica,
de la destrucción de empleo y las medidas gubernamentales que están cercenando
derechos laborales, sociales y de ciudadanía para la clase trabajadora en su
conjunto, pero con especial incidencia en las mujeres, que parten genéricamente
de situaciones más desfavorecidas. Por ejemplo, en 2012 ha retrocedido, la tasa
de ocupación femenina, que venía incrementándose lenta pero paulatinamente en
las últimas décadas y que, desde 2008, está en retroceso.
Continúan agravándose los
datos del desempleo, de la precariedad laboral o las dificultades crecientes de
las mujeres en el acceso al empleo y su permanencia en el mismo, a causa de la
adopción de medidas que impactan desfavorablemente en sus oportunidades, como los
recortes o supresión de la financiación en servicios públicos, en atención a la
dependencia, educación de 0 a 3 años, servicios sociales, rentas básicas, o el
retraso (o renuncia) a la aplicación de las cuatro semanas de permiso de
paternidad contempladas en la Ley Orgánica de Igualdad.
Frente a los ajustes y
recortes, somos muchos quienes venimos señalando que existe otra salida a la
crisis: social y solidaria, que mantenga las políticas sociales, sustentada en
unos sistemas fiscales progresivos y suficientes, impulsando medidas económicas
para la creación de empleo y reforzando la democracia. Para ello hay que
dirigir las decisiones políticas al servicio de la ciudadanía y no de los
intereses de las élites económicas nacionales e internacionales, pues es la
forma de garantizar la soberanía popular y promover la participación social.
Es inexplicable e
inaceptable que se reduzcan los organismos institucionales de igualdad y que se
recorten los servicios públicos y las políticas sociales. La presencia de la
violencia de género que combatimos siempre, resulta un extraordinario indicador
de la persistencia de la discriminación de género: año tras año son decenas las
mujeres asesinadas, así como la enorme dimensión del maltrato. De ahí la
necesidad de avanzar en el desarrollo y aplicación de cuantas medidas contempla
la Ley Integral contra la Violencia de Género, especialmente en la prevención
del maltrato y la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo y social.
La Ley Orgánica de
Igualdad incorporó en el ámbito laboral avances sustanciales, como el deber de
negociar planes y medidas de igualdad. La exigencia, determinada por esta ley,
de contar con un diagnóstico de la situación en la empresa, previo a la
negociación del plan de igualdad, ha propiciado que se hagan visibles en los
centros de trabajo discriminaciones laborales solapadas. En el Ayuntamiento de
Albacete se llevó a cabo un proceso de estudio, redacción y negociación para la
elaboración del Plan de Igualdad para trabajadores y trabajadoras de esta
institución. Tal proyecto terminó de redactarse en abril de 2011 y, a pesar de las
reiteradas solicitudes realizadas por los sindicatos y los grupos de la
oposición, la Alcaldesa y su gobierno del PP han bloqueado su debate,
aprobación y puesta en marcha.
El avance en igualdad
entre mujeres y hombres aún es limitado en España y hay indicios suficientes
del riesgo de regresión en derechos y en oportunidades. La igualdad efectiva de
mujeres y hombres no sólo no está conseguida, sino que puede alejarse. Los
anuncios de reforma de la ley de aborto, los retrocesos en materia de registro
de parejas de hecho, los recortes en partidas vitales para la igualdad, los
retrocesos en políticas sociales y de bienestar desarrollados por los gobiernos
del PP en los últimos dos años, disparan la alarma de quienes defendemos la
igualdad y la libertad de mujeres y hombres.
Desde Izquierda Unida,
apostamos por seguir desarrollando medidas para la aplicación de la transversalidad
de género a las políticas públicas y a las relaciones laborales, y este 8 de Marzo
reclamamos mediante mociones en los Ayuntamientos el compromiso permanente de los
poderes públicos por conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
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