IU presenta una moción por el cierre progresivo de los centros de internamientos de extranjeros y la adopcion de politicas migratorias respetuosas con los derechos humanos y la integración

Los Centros de Internamiento de Extranjeros “CIEs”, son definidos en la Ley de Extranjería como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior español, para la detención y custodia a disposición de la autoridad judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión".

Organizaciones sociales, expertos e instituciones denuncian una y otra vez la vulneración de los derechos humanos en esos lugares. La Campaña por el Cierre de los CIE denominada “CIEs NO” que aglutina a más de un centenar de entidades, entre ellas la Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), afirma que estos centros son opacos a los derechos humanos y en ellos se encarcela a personas por no tener permiso de residencia en España, como única falta, en muchos casos. Esto lo permite una legislación europea injusta y contraria a los mismos principios en que dice basarse la Unión Europea: la justicia, la igualdad y la libertad. Algunas de las denuncias de los colectivos se basan en que las personas están recluidas "por el simple hecho de no tener la autorización administrativa para residir o para trabajar, es decir, por tener una simple falta administrativa, que puede equivaler a aparcar en zonas prohibidas".

Esta campaña “CIEs NO” parte de una premisa justa que compartimos: "el hecho mismo de encerrar a una persona por haber emigrado es inaceptable". Desde IU entendemos que, si bien hay que gestionar los flujos migratorios y dotar de legislación apropiada a las instituciones en el ámbito de extranjería, no pueden ser los migrantes o refugiados quienes paguen la incompetencia de los gobiernos de los estados europeos. La existencia de estos Centros sólo puede ser explicada en un contexto de déficit democrático, jurídico y humano que sólo sirven para justificar las políticas migratorias hipócritas de la Unión Europea, sorprendentemente recién elegida como ganadora de premio Nobel de la Paz 2012.

Estos centros, según afirman los promotores de la campaña, son calificados de "agujeros del estado de derecho" y se enmarcan en un circuito que comienza en el control de las fronteras, empujando a los inmigrantes a viajar en condiciones penosas, tanto vía terrestre como la travesía por mar desde las costas de África, para luego pasar todo tipo de precariedades en su destino final.

Según el informe "Situación de los Centros de Internamiento para Extranjeros en España", elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció problemas graves de habitabilidad y de defensa jurídica en los CIEs de Málaga, Valencia y Madrid, y constató casos de torturas a internos en este último. La privación de libertad se lleva a cabo en barracones o en edificios antiguos, sin condiciones mínimas para habitarlos. Por ejemplo, en Málaga es un antiguo cuartel militar; en Algeciras, en el extremo sur de España, es una cárcel que fue clausurada por su mal estado. Todas las dependencias de los CIEs, desde la seguridad hasta los aspectos médicos y la alimentación, están a cargo de la policía, que los gestiona y financia. Es decir, las medidas de intervención son policiales, mientras las sociales y humanitarias brillan por su ausencia. Además, faltan intérpretes y trabajadores sociales, sostiene la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga.

Según el CEAR, la efectividad de los CIEs es muy dudosa. Según sus estudios, y los de distintas plataformas de apoyo a migrantes, no más de 30 por ciento de los inmigrantes retenidos son finalmente expulsados, lo que evidencia la ineficacia del gasto en la persecución de la inmigración irregular con los métodos empleados en la actualidad. En 2010 fueron deportados 30.163 inmigrantes, un 21% menos que 2009, según el "Balance de la lucha contra la inmigración ilegal" del Ministerio del Interior.

La diferencia entre órdenes de expulsión dictadas y materializadas se debe principalmente a que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para ejecutarlas, no puede identificar la nacionalidad de un extranjero o se encuentra con inmigrantes procedentes de países con los que España no tiene convenios de repatriación. Quienes no pueden ser deportados quedan en libertad, pero con una orden de expulsión incoada que les impide regularizar su residencia en España y los deja "en una situación de absoluta desprotección", añade el estudio.

Todas las condiciones anteriormente expuestas se dan en un contexto de retroceso en el ámbito de los servicios sociales, en el que se limita el apoyo a la participación e integración de inmigrantes, de reducción generalizada de fondos y recursos para proyectos de inmigración con la eliminación de las convocatorias de proyectos de cooperación al desarrollo y, por último, la negación de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de IU propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos.

1. El Ayuntamiento de Albacete insta al gobierno de la nación a adoptar las medidas legales necesarias para ordenar el cierre progresivo de los CIEs.

2. El Ayuntamiento de Albacete insta al gobierno de la nación a formular políticas legislativas en materia de extranjería que faciliten la integración y el arraigo sociolaboral de los inmigrantes irregulares y que, en caso de repatriación, sean respetados los derechos humanos fundamentales de cada individuo.

3. Trasladar los siguientes acuerdos al congreso de Diputados, al Senado, al Ministerio de Interior, y a las plataformas en defensa de colectivos de Inmigrantes, en particular las aglutinadas en la Campaña estatal “CIEs NO”.