El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Albacete,
hemos denunciado esta mañana en rueda de prensa este mecanismo poco trasparente
y ajeno a libre concurrencia como es un contrato menor con adjudicación directa
a la empresa Garblan Laboral. Pensamos que se demuestra “trato de favor” con
esa empresa porque sólo ellos han sido convocados a realizar una oferta de este
tipo, situación insólita en el proceder habitual de los servicios municipales.
Así aparece como primer documento del expediente la propuesta del despacho
privado que ofrece un servicio al Ayuntamiento.
En la justificación de la urgente necesidad de dotar de
personal jurídico al servicio municipal y la propuesta de acudir a un contrato
menor” se atropella el derecho al trabajo de una persona que está incluida en
la bolsa correspondiente y a quien no se le ha comunicado la necesidad, ni se
ha solicitado su disponibilidad a ocupar tal tarea. ¿Será para gestionar
cómodamente los despidos implícitos (no se sabe cuántos ocultos, cuántos
improcedentes, etc.) que conlleva el Plan de ajuste? ¿Será para no tener que
pelear con los funcionarios sobre el sentido de los informes jurídicos respecto
a diversas decisiones? (algunas polémicas y recurridas)…
Por otra parte, la privatización temporal de asuntos tan delicados como es la representación de la corporación municipal (o gobierno del Ayuntamiento) hace dudar de la oportunidad de dejar en manos de un despacho o abogado particular asuntos en los que debe primar el interés general y el recto criterio de un técnico funcionario quien ha demostrado su capacidad en el proceso de una oposición. Es un comportamiento poco transparente y sumamente dudoso optar por la gestión privada en un servicio que es muy delicado, y donde tiene que existir una apariencia de objetividad, que con un contrato a dedo menor creo que no se da. ¿O es que al PP le interesa que alguien de “su confianza” le haga los informes jurídicos o represente y defienda las decisiones de gobierno municipal según “particulares intereses”?.
Además, se fija una cantidad a asignar al despacho y al
letrado con el que se firma el contrato por un volumen de trabajo indefinido.
No queda claro si va a trabajar en 100 procesos o en 5, si realizará un informe
al mes o 20, si se personará en 7 casos o en 70, etc. Desde luego sin conocer
la cuantía, naturaleza y envergadura de los procedimientos no es posible
evaluar si este contrato, además de asignado “a dedo”, es “un chollo” o un
medio lícito de beneficiar a una empresa particular por unos servicios indefinidos
que se retribuyen a precio de “dedicación exclusiva” de técnico de grupo A, tal
como se explica que se liquidarán las facturas mensuales.
En resumen, el PP ha optado por una solución fácil, en su
línea (privatización), según sus intereses (a quien yo diga, porque puedo y
para que no se me discuta lo que quiero hacer) y su proceder poco transparente,
de dudosa honradez y de baja calidad democrática. Porque la función de
asesorar, informar y representar a las AAPP los funcionarios acreditados para
ello es una garantía de actuación acorde a la ley y democrática, que da
seguridad a los ciudadanos, depositarios de la soberanía y de los poderes
públicos.
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