Por eso se han reunido a unos 70 candidatos de IU para suscribir solemnemente un decálogo de “compromiso firme” con la “transparencia” y la “democracia participativa”. El código ético de IU, de cuatro folios, está inspirado en un documento similar de los comicios de 2007.
Los candidatos de IU prometeremos denunciar ante la Fiscalía cualquier caso de corrupción que conozcamos. Deberán dimitir cautelarmente los cargos públicos y los cargos de libre designación cuando se les impute o procese por delitos de corrupción política o urbanística.
En IU incorporamos uno de nuestros puntos programáticos reconocibles: impulsar al máximo la "participación democrática" de los ciudadanos en la gestión pública, potenciar la transparencia en la contratación y garantizar el control de los grupos de oposición.
En el decálogo hablamos de dos medidas importantes, como es la de no formar gobiernos municipales con tránsfugas y exigir al Gobierno central que fije por ley los salarios de ediles y alcaldes con criterios de transparencia y austeridad. Además, entre los compromisos, figura la prohibición para los cargos públicos locales de recibir obsequios o invitaciones personales.
Además, destacamos la propuesta de que, en cada modificación urbanística, se haga una declaración "explícita" de conflicto de intereses de todos los que participen en el expediente (alcaldes, concejales o funcionarios). Para evitar que altos cargos, miembros de comisiones autonómicas y provinciales de urbanismo y responsables de contratación de obras se lucren con actividades ajenas a su puesto, en IU demandamos un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades.
Una oficina sería la encargada de vigilar el "estricto cumplimiento" de la ley en ambos aspectos: conflicto de intereses e incompatibilidades. Los cargos también deberán divulgar (por ejemplo, en la web) su patrimonio, rentas y actividades.
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